29 de mayo de 2008

CAMBIO EN EL IPEN: URANIO Y COHESIÓN SOCIAL


Rolando Páucar Jáuregui


Uno de los más grandes retos del gobierno de turno es cambiar no sólo el rostro a sus instituciones sino también su razón de ser, convertirlas en instituciones capaces de garantizar una gestión pública transparente y eficiente para contribuir a la diversificación económica sostenible del país. Esto es lo que esperamos suceda con el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), institución que necesita una reingeniería que cambie su desfasada estructura por una nueva que contenga grandes columnas temáticamente definidas; una de ellas sería la promoción de la minería de uranio y todo lo que ello conlleva.

Como se sabe, la reactivación de los programas nucleoeléctricos viene propiciando a nivel mundial un incremento de las actividades mineras relacionadas con la exploración y explotación de los minerales radiactivos, fundamentalmente uranio y torio, materias primas básicas para la fabricación de combustibles de centrales nucleares. Tema aparte es el referente a la subida del precio de estos minerales radiactivos, que ha motivado que un número interesante de mineras haya volcado sus ojos a las reservas del Perú ubicadas en zonas del país como Puno, Arequipa, Junín, Cerro de Pasco y Piura, en donde vienen realizando actividades de exploración.

En la minería de uranio, algunos aspectos técnicos merecen especial atención y por su especialización deberían ser tratados por el IPEN, como son la protección radiológica, la línea base ambiental, importante para cualquier tipo de minería; pero que en este caso se vuelve el eje principal de un proyecto por las consecuencias que una minería irresponsable podría causar; y finalmente el tema de las salvaguardias y garantías de no proliferación nuclear que garanticen que el uranio sea utilizado exclusivamente para usos pacíficos.

Este tema es uno entre tantos otros que reclaman atención. Es inexplicable, por ejemplo, que pese a que el IPEN cuenta con profesionales de primer nivel, subutilice esta fortaleza. Para muestra un botón: hace algunas semanas estos profesionales realizaron lo que para el ambiente científico sería catalogado como una proeza de la ingeniería nuclear al convertir el reactor de potencia de 10 MW (RP-10) a uno de 15 MW (RP-15). Sin embargo, la gestión de los funcionarios del IPEN sigue desfasada de la demanda de estos tiempos, no guarda los mínimos estándares de competitividad; como diría un viejo político: “Estos funcionarios no la ven”.

Ahora que Brasil pretende comprar radioisótopos a China, en vista de que su proveedor Canadá cerrará próximamente el reactor que los produce, bien podríamos fortalecer una nueva plataforma tecnológica con una proyección estratégica internacional y ofrecer nuestro reactor nuclear RP-15 para la nueva producción de bienes y servicios nucleares. Esto no sólo se debería reducir a un simple intercambio comercial, sino a uno mucho más importante: el intercambio de tecnología nuclear con Brasil.

Recordemos que Brasil ha firmado convenios con Argentina y Chile en su búsqueda por solidificar su presencia nuclear en la región. Mientras todo eso sucede alrededor nuestro, en el Perú los funcionarios del IPEN siguen paseando al perro del hortelano.

Diario El Correo – Lima 29/05/2008







CIDH ADMITE MEDIDA CAUTELAR A FAVOR DE APRODEH TRAS CASO MRTA


Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió medida cautelar a favor de Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y otros representantes de este Organismo No Gubernamental (ONG), luego de que se iniciara una injusta campaña en su contra, por haber opinado ante el Parlamento Europeo (PE) que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) era un grupo terrorista que ya no estaba operativo, informó Miguel Jugo, director ejecutivo de APRODEH.

“El 21 de mayo la Comisión Interamericana a través de su secretario (ejecutivo) Santiago Cantón ha remitido una carta al gobierno peruano en la que se le pide dar todas las garantías y medidas cautelares a favor de Francisco Soberón, Miguel Jugo y todos los miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos, en la medida que desde el 24 y 25 de abril hay una serie de ataques públicos de parte de diversos personajes políticos, una serie de amenazas vía telefónica y se han registrado personas que han ido a nuestro local de manera intimidatoria”, afirmó en un programa de radio local.

Indicó que sólo están a la espera de que el Ministerio de Justicia los convoque para dialogar con respecto a cuáles serán las medidas que tomará el gobierno para garantizar la seguridad de los integrantes de esta institución.

“La carta le dice al gobierno que tome todos las medidas en acuerdo con APRODEH. (…) Estamos esperando que el Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia nos cite para entablar un diálogo y poder establecer cuales serían los mecanismos de seguridad que el Estado peruano va a incorporar en el marco de esta solicitud de medidas cautelares, el cual es un proceso. (…) El Estado debe comprometerse a garantizar la seguridad de nuestra institución frente a este tipo de ataques y situación”, añadió.

Resolución de CIDH es vinculante y rechaza eventual sanción de APCI

En ese sentido, Jugo Viera aclaró que el pedido de la CIDH es vinculante y debe cumplirse a cabalidad, resaltando además que en dicha misiva se cuestiona las diferentes represalias administrativas dictadas contra los organismos de derechos humanos por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

“La carta señala que no debe existir ninguna medida administrativa, ni legal, que impida el trabajo de los organismos de derechos humanos. (…) Esto no puede ser aceptado en un marco de un país democrático, en el que las organizaciones deben tener la libertad de actuar de acuerdo a su mandato”, mencionó.

Precisó que una vez establecidas las garantías para el normal funcionamiento de esta ONG, luego de un tiempo pertinente se evaluará si es conveniente continuar con ellas o suspenderlas. Añadió que un ejemplo de ello fue el caso del Padre Marco Arana, director del Grupo de Formación Integral para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), a quien sí se le brindó las medidas cautelares pertinentes tras un pedido similar planteado a ese organismo supranacional.

Oportunidad para reincorporar instituciones al Conadeh

Finalmente, comentó que esta oportunidad también debería servir para que el Ministerio de Justicia cumpla con su compromiso de reincorporar a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y al Concilio Evangélico del Perú (CONEP) a las sesiones del Consejo Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y servir así de enlace entre el gobierno y la sociedad civil.

“Ya pasó un mes del famoso decreto que retiraba a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la CONEP y al CEP. Han transcurrido tres semanas del compromiso de reincorporarlos al Consejo Nacional de Derechos Humanos y estamos a la espera porque esto no se ha cumplido. Es un tema que está pendiente y debería incorporarse en el marco de estas medidas cautelares”, declaró.

Francisco Soberón solicitó a inicios de este mes a la CIDH medidas cautelares, luego de que denunciara que el gobierno de Alan García había puesto en marcha una campaña contra los activistas y defensores de los derechos humanos. El presidente acusó públicamente a APRODEH de "traición a la patria" por haber enviado una carta a los eurodiputados poco antes de la votación del 24 de abril, en la que recomendaba no sobredimensionar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), grupo criminal al que se reconocía como terrorista, pero virtualmente inoperativo.

Diario La República - Lima 29/05/2008








PREOCUPA TENDENCIA DE GOBIERNOS POR REPRIMIR PROTESTAS SOCIALES


El presidente de sección peruana de Amnistía Internacional (AI), Jorge Trefogli, aseguró que el informe sobre la situación mundial de los derechos humanos refleja diversos aspectos de nuestra realidad, en particular de la tendencia de reprimir las protestas sociales y a la oposición de los gobiernos de turno.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Trefogli aseveró que “AI evalúa en todos los países, si existe una tendencia de los gobiernos de reprimir a la oposición y en vez de plantear diálogos, asumen la postura de reprimirlo”.

Trefogli puso como ejemplo lo sucedido en Perú, donde se han implementado leyes que criminalizan la protesta social y también “se ha presentado el caso de Javier Janhcke (Red Muqui) que fue amenazado de muerte por su trabajo en la promoción de la consulta vecinal por el caso Majaz (Piura)”.

Así mismo, el representante peruano de AI señaló que el informe de dicha institución pone de manifiesto el aumento -a nivel mundial- en el tema del uso impune de la población civil en conflictos armados y por grupos alzados en armas, al igual que el incremento en el uso de la tortura por parte del Estado.

De otro lado, el informe plantea la situación de la violencia contra las mujeres y los escasos mecanismos estatales para la protección de la vida e integridad física femenina.

www.cnr.org.pe – Lima 29/05/2008







IMPUESTO A SOBREGANANCIA MINERA AHUYENTARÍA INVERSIONES EN EL PAÍS, AFIRMA SNMPE


LIMA.- La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) afirmó hoy que la posible aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras ahuyentaría las inversiones en el país e imposibilitaría que el sector minero continúe desarrollándose a la velocidad actual.

Esto en respuesta a la pretensión del congresista de Unión Por el Perú (UPP), Juvenal Ordóñez, de presentar otra vez a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República diversos proyectos para gravar con nuevos impuestos a las mayores utilidades obtenidas por las empresas mineras en los últimos años.

En declaraciones a Visión Económica de TV Perú, el presidente de la SNMPE, Ysaac Cruz, sostuvo que el tema de mayores imposiciones tributarias cualquiera sea su denominación no tiene sentido en un contexto de competencia y globalización.

Esto debido a que todos los países que poseen recursos minerales buscan la forma de ponerlos en valor, es decir, explotarlos, porque los minerales en la naturaleza no tienen ningún valor, refirió.

"En ese sentido, hablar nuevamente del tema de las sobreganancias, punto que ha sido ampliamente tratado en el país y por consenso archivado, lo único que podría hacer es espantar a las inversiones".

Asimismo, mostró su apoyo a la posición del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, quien en la víspera afirmó que si el Estado decide aplicar un impuesto a las sobreganancias que obtienen las empresas mineras, Perú nunca podría alcanzar a Chile en producción de cobre.

"Sería un freno y un riesgo muy grande, porque implicaría un cambio sustantivo de las reglas de juego y la estabilidad jurídica del país", subrayó.

Por otro lado, Cruz mencionó que la relación entre la empresa minera y las comunidades de su entorno mejora cada vez más, gracias a que el sector privado trata de satisfacer algunas necesidades de la población.

"No obstante, lo que pasa en sitios particulares dentro de la relación entre empresa, Estado y población es que se ve interrumpida por acciones de actores ajenos, lo cual debe terminar", precisó.

www.invertia.com – Lima 29/05/2008







BRACK: PERÚ PIERDE 8.000 MILLONES DE SOLES POR MALA GESTIÓN AMBIENTAL


El ministro del Ambiente se presentó ante una comisión del Congreso de la República


El flamante Ministerio del Ambiente empezará a funcionar plenamente a fines del presente año para cuando tendría listo su reglamento de organización y funciones y se concluya el proceso de transferencias de las funciones de los organismos que formarán parte de su organigrama, y con una partida inicial de 5.5 millones de nuevos soles que le serán transferidos por el Consejo de Ministros en los próximos días.

Así lo anunció el titular de esa cartera, Antonio Brack Egg, en la exposición que sobre los objetivos y plan de trabajo de esa cartera hizo el martes 27 en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que preside la congresista Gloria Ramos Prudencio (NUPP).

Durante su primera presentación ante una comisión ordinaria del Congreso en condición de representante del Ejecutivo, y en las respuestas que dio a las interrogantes de diversos integrantes del referido grupo legislativo, el ministro explicó que se propone contratar a no más de 15 personas, seleccionadas mediante un concurso público para ocupar igual número de plazas, todas de carácter técnico.

También refirió que de su cartera formarán parte el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI), Instituto Geofísico del Perú (IGP), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; el organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), cuya transferencia -de personal, funciones y recursos- demandaría de dos a tres meses.

Anotó, asimismo, que el Ministerio del Ambiente no contará con oficinas en el interior del país, ya que trabajará en forma coordinada con los gobiernos regionales y locales, a través de comisiones ambientales regionales (CAR) y municipales (CAM), y con una Comisión Multisectorial Ambiental, que estaría conformada por ex ministros.

Como parte de la organización ministerial serán creados un Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, un organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y una Comisión Consultiva Ambiental y dos viceministerios: de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales y de Gestión Ambiental.

Entre sus líneas de acción a nivel internacional, Brack Egg dijo que se propone implementar el cumplimiento de una treintena de tratados y convenios internacionales suscritos por el Perú, y aprovechar las oportunidades que ofrecen.

A nivel nacional, buscará implementar las normas sobre el medio ambiente a fin de revertir los procesos negativos en el ambiente y la salud; prevenir y reducir los impactos negativos a través de una reformulación de los límites máximos permisibles, los programas de adecuación (PAMA), estudios de impacto ambiental (EIA), etc.; además de promover la ecoeficiencia empresarial.

Antes de explicar los alcances de la tarea que tiene por delante, el ministro hizo un revelador informe sobre la situación actual del ambiente en todo el país, en el que reveló, entre otras cosas, que de las tierras cultivadas en nuestro país, apenas un 7% tiene 'aptitud agropecuaria'. Tenemos la mayor cantidad de agua per cápita de América Latina (77.600 metros cúbicos por habitante al año), aunque en la costa no se produce, solo se usa y ensucia; y el 80% se destina a la agricultura, en tanto que todas las cuencas muestran un deterioro preocupante.

Dijo también que, pese a que el Perú muestra reservas crecientes de gas natural y se incrementa la inversión en exploraciones de hidrocarburos en el zócalo continental y en la selva, el Estado no ha logrado establecer una estrategia para evitar los conflictos con las comunidades vecinas a esos yacimientos.

Precisó, además, que la deficiente gestión ambiental cuesta al país cerca de ocho mil millones de soles al año, ya que ocasiona cinco mil muertes por el aire contaminado de las ciudades y domicilios; dos mil niños (particularmente del Callao y La Oroya) se encuentran contaminados por plomo; y sólo el 25% de las aguas servidas son tratadas y el resto (75%) va a parar al mar, ríos y lagunas más cercanas, contaminándolos.

Al concluir esta parte de su exposición, el ministro dijo que esos informes eran una muestra de la tarea que tiene por delante. "Vamos a sudar fuerte porque tenemos que organizar una ministerio desde abajo", exclamó, para concluir con una frase que, anunció, será su lema: "A trabajar juntos por un Perú limpio y sostenido".

Diario El Comercio – Lima 29/05/2008







LOS MINEROS PERUANOS, PREOCUPADOS POR LA EXPANSIÓN DE NEWMONT MINNING


En declaraciones a Americaeconomica.com, el titular de la Federación Minera de Perú, Luis Castillo, se ha mostrado preocupado por la expansión de la minera Newmont a través de su filial peruana Yanacocha, ante la incertidumbre por las condiciones laborales y el impacto medioambiental que impondrá la compañía en la mina Conga, en la que ha anunciado una inversión millonaria para duplicar su producción de oro.

Castillo ha explicado a este diario que como trabajadores mineros están a favor de esa expansión y de la creación de más puestos de trabajo, pero siempre en el marco de la legalidad, y del impacto ambiental que esa expansión vaya a tener en las poblaciones aledañas.

El titular de la federación minera ha expresado su preocupación y la de todos los trabajadores mineros por la manera en la que Newmont va a realizar esa inversión, y le preocupa sobre todo el capital que la empresa destine a la seguridad laboral.

Estas declaraciones se producen justo después de que la minera peruana Yanacocha, la primera en producción de oro de Latinoamérica, expresara su voluntad de duplicar su producción, para lo que invertirá 1.000 millones de euros en su mina Conga. La noticia se produce además en un contexto de máximos para el metal amarillo, que cotiza por encima de los 926 dólares (617,3 euros) por onza.

www.americaeconomica.com – Lima 29/05/2008