5 de marzo de 2009

EL DERRAME DE CHOROPAMPA YA HABÍA SIDO NEGOCIADO


Sale a la luz acuerdo extrajudicial firmado entre Yanacocha y autoridades de San Juan, Magdalena y Choropampa por un millón 200 mil dólares.

Minera Yanacocha sacó un as bajo la manga referido a un acuerdo extrajudicial celebrado con autoridades ediles de la zona afectada por derrame de Mercurio en el año 2000 por un montón de 1 millón 200 mil dólares, renunciando a toda acción legal. Entre ellos figura el alcalde actual de Magdalena, Isaías tarrillo Terrones, la ex alcaldesa de ese distrito Maritza Salas Berrospi y el actual regidor por Cajamarca, Wilser Carmona Carrasco, quien curiosamente hoy se opone a la firma con la transnacional por tres millones de dólares

El asunto parece traer mucha cola y como dice el abogado Gabriel Larreiu "el tema recién esta comenzando", advirtiendo que si el periodismo se propone investigar a fondo, podrían salir a la luz muchas verdades hasta ahora desconocidas para todos los actores vinculados con este tema controversial.

LOS FIRMANTES
Los acuerdos extrajudiciales fueron celebrados entre agosto y setiembre del año 2000 por la empresa minera con las autoridades ediles de ese entonces entre los que figuran la ex alcaldesa de Magdalena, Tulia Maritza Salas Berrospi, sus regidores Isaías Tarrillo Terrones (actual alcalde de Magdalena), Wilser Carmona Carrasco :actual regidor provincial de Cajamarca). También figuran los ex regidores María Fermina Valdivia Galarreta y Julio César Vigo Marín. Para el acuerdo con Choropampa firmó además el alcalde Felipe Pretell Saldaña, el teniente alcalde Julio Alvaro Cruzado Vargas y los delegados concejales Francisco Chilón Zambrano y Marciano Saldaña Valdivia.

Finalmente para el acuerdo extrajudicial con San Juan firmó el alcalde de ese entonces Juan Ramón Correa Sáenz, el teniente alcalde Napoleón Angulo Sánchez y sus regidores Delfín Morales Carranza, santos Edipo Leiva Salazar, Lady Raquel Gonzáles Guerra y Juan Rafael León Crisólogo.

LOS ACUERDOS
En dichos acuerdos, Yanacocha se comprometió a financiar la construcción de obras detalladas en un anexo por un monto de un millón 200 mil dólares "sin que se interprete como una admisión de ninguna responsabilidad por la parte indemnizante “por el derrame” (sic) por el derrame de mercurio''; A cambio las autoridades firmantes se comprometieron a "renunciar a toda acción legal civil, penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza que pudiera ser puesta en adelante ante cualquier jurisdicción nacional o extranjera".

Más adelante en otra cláusula se precisa y se acepta que la parte "ha sido compensada" por cualquier daño actual o futuro que se derive del derrame de mercurio, sin tener derecho a ningún reclamo futuro.

EL RÉGIMEN CORRUPTO
El abogado de Gabriel Larreiu representante en el Perú del estudio jurídico norteamericano Podhurst, Orseck P. A. que defiende a la Municipalidad de Cajamarca, sobre este sonado caso, hizo notar estas diferencias de la actitud que tuvieron la autoridades de la zona afectada a diferencia de las autoridades de la provincia que optaron por otra alternativa legal y que hoy es materia de amplio cuestionamiento.

"Sucede que hoy quieren protestar contra la Municipalidad de Cajamarca, hacer sus alegatos, alharacas y bravatas y no se dan cuenta que ellos pactaron por una suma inferior a la que hoy todos cuestionan", dijo Larreiu.

El abogado dejó entrever que dichos acuerdos celebrados en la época del régimen de Fujimori y Montesinos donde se tenían controlados todos los poderes e instituciones del Estado pudo haberse manejado el caso de Choropampa plagado de una presunta corrupción, aunque más adelante precisó que estos acuerdos son "irrevisables" y tienen calidad de cosa juzgada.

Dijo que llama la atención que en esa época llamó la atención la actitud que mostró el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Gobierno Central y las mismas autoridades de San Juan, Magdalena y Choropampa que contribuyeron zanjar el tema desde el punto de vista legal, a diferencia de la municipalidad de Cajamarca que fue la única que optó por llevar el tema ante las justicia norteamericana.
Precisó también que los directamente afectados que superan al millar de personas también han celebrado transacciones individuales de manera directa con la empresa.

De esta manera Larreiu ha retornado el tema para convencer al concejo de Cajamarca a revisar su decisión y proceder a firmar la sugerencia de mediación que se ha derivado tras el arbitraje del caso que propone la aceptación de la suma de 3 millones de dólares.

Para tal propósito arribó a Cajamarca y ya ha sostenido varias reuniones con los regidores del municipio a efectos de ponerlos al tanto de todos estos pormenores del caso.

También justificó el pago correspondiente al estudio jurídico que se base en una “intensa batalla” librada hace más 8 años por el cual hasta la fecha no han recibido un solo centavo.

Diario El Mercurio-Cajamarca 05/03/2009