19 de marzo de 2009

EL TINGO DENUNCIA INVASIÓN DE MINERA


Comuneros señalan que no vendieron sus terrenos a la empresa Coimolache, solicitando una permuta, por lo que la empresa habría iniciado un proceso de “servidumbre minera” ante el MEM.

Varios comuneros y posesionarios de tierras de la comunidad campesina El Tingo, ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc, denunciaron que serán despojados y expulsados de sus tierras en los próximos meses; al referir que la compañía minera Coimolache habría iniciado un proceso de “servidumbre minera” para ingresar a los terrenos de su propiedad.

ANTECEDENTES
La empresa Minera Coimolache es de propiedad del grupo empresarial Buenaventura. Esta empresa está haciendo trabajos aproximadamente desde 1987 en las zonas de Hualgayoc y Chugur, sin embargo desde el 2005 anunciaron la ejecución del proyecto Tantahuatay, ubicado en territorio de la comunidad campesina El Tingo. El objetivo es iniciar una operación minera para explotación de oro, principalmente.

ADQUISICION DE PROPIEDADES
Desde el año 2005 aproximadamente, la empresa empezó a negociar las propiedades superficiales de esta comunidad, para ello empezó a comprar los terrenos de manera individual a cada comunero, a la mayoría le ofrecieron una suma de 4 mil 700 dólares por hectárea.

Los comuneros empezaron a vender estos territorios, sin embargo la empresa solo habría pagado el 30% del monto ofrecido, comprometiéndose a pagar el saldo posteriormente, hecho que no cumpliría hasta la fecha.

Pero, hay comuneros que se negaron a vender sus propiedades en tanto el precio ofrecido no era suficiente para adquirir propiedades similares en algún otro lugar. La contrapropuesta de estos comuneros fue que se realizara permutas, es decir que a cambio de sus tierras que les iban a vender, la empresa les comprara tierras en proporción equivalente en algún otro lugar, pedían la reubicación en zonas donde podían seguir realizando las actividades que usualmente desempeñan para subsistir.
Sin embargo, los comuneros señalan que Minera Coimolache se negó tajantemente a esta posibilidad, tratando por el contrario de imponer sus condiciones y precios.

PROCESO DE SERVIDUMBRE
En el mes de febrero del año en curso los comuneros que se negaron a vender sus tierras se enteraron que la compañía Minera Coimolache habría solicitado ante el ministerio de Energía y Minas un proceso de “servidumbre minera”.

Este procedimiento fue establecido en la Ley desde la época de Fujimori; se aplica cuando un propietario de un territorio no quiere llegar a acuerdo de compra venta de sus tierras con los empresarios mineros. En ese caso el empresario podrá recurrir al ministerio de Energía y Minas y presentar la solicitud de Servidumbre. El MEM notificara al propietario para que acuda a una audiencia de conciliación en Lima, si el propietario no concurre se lo declara rebelde y se nombrara un perito que valore la propiedad; se le deposita al propietario de las tierras el “justiprecio” y en 30 días se inscribirá la propiedad a nombre de la empresa Minera solicitante. Cumplido este trámite la empresa minera puede proceder al desalojo y empezar a operar.

La servidumbre a pesar de que estaba contemplado en la ley, muy pocas veces ha sido empleado por las mineras, pues la recomendación del Estado era que la empresa llegara a un buen acuerdo con los propietarios de las tierras. Probablemente no se quiso aplicar esta norma por lo controversial que resulta en tanto significa afectación a derechos básicos de las poblaciones.

El caso de la comunidad El Tingo sería un pésimo precedente para las comunidades y también para las empresas mineras, pues contradice totalmente la política de responsabilidad social que pregonan.

Los comuneros han enviado documentos al ministerio de Energía y Minas, al gobierno regional y a la Defensoría del Pueblo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

CLARIDATO
De concretarse el proceso de servidumbre minera, los campesinos de “El Tingo” serían desalojados de sus tierras en menos de medio año.

Diario El Clarín-Cajamarca 19/03/209





COMUNERA EXIGE REPARACIÓN POR DAÑOS A MINERA COIMOLOCHE


Sara Estela Pérez, moradora de la comunidad El tingo (Hualgayoc), exige la reposición por daños y perjuicios a la minera Coimolache.

La minera ha utilizado los terrenos de Estela para el paso de vehículos de carga pesada y camionetas, pero en ningún momento ha pedido el permiso respectivo o ha pactado un arreglo por la utilización de su propiedad, explicó la agraviada.

Quieren que venda mi propiedad, yo no deseo vender lo que es mío. Si necesitan mi terreno para servidumbre lo que yo pido es una permuta, que me den un terreno de 6 hectáreas, como el mío, en otra zona. Soy mujer del campo y vivo de la agricultura, necesito de mi tierra para vivir, expresó.

Según refiere Estela esta situación no sólo la afecta a ella, sino a varios comuneros que se han visto afectados por una mala política de trato con los campesinos.

Diario Panorama Cajamarquino 19/03/2009






LAS AUTORIDADES DE JAÉN REITERAN RECHAZO AL PROYECTO MINERO EN MAJAZ


Ante funcionarios de la PCM defienden la conservación de bosques y proyectos de desarrollo alternativo. En Huancabamba y Ayabaca serán las próximas audiencias.

Jaén. Juan Sausa. Autoridades de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca, reiteraron su rechazo al proyecto minero Río Blanco Cooper, ex Majaz, y en cambio plantearon la necesidad de continuar con la conservación de bosques y de proyectos de desarrollo basados en la agroexportación.

En la primera audiencia descentralizada para el caso Majaz, convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros, las autoridades explicaron su oposición al proyecto.

Carlos Martínez, alcalde de San Ignacio, negó que el rechazo a la minería tenga la intención de hacer perder ingresos al país.

“Si San Ignacio y Jaén le dicen no a la minería es porque sus pobladores tienen un proyecto sostenible que está en marcha”, sostuvo.
Son parte de esa alternativa –detalló el gerente municipal de San Ignacio, Euler Jave– la reforestación de los bosques, los cultivos de café orgánico y granadilla, así como la producción de miel de abeja.

Tras saludar la decisión del Ejecutivo de escuchar a la población, Martínez planteó al premier Yehude Simon que respalde esos proyectos alternativos de desarrollo.

Las próximas audiencias descentralizadas sobre el tema se realizarán en Ayabaca y Huancabamba, en Piura, que también son afectadas por el proyecto Majaz.

Diario La República-Lima 19/03/2009





RATIFICAN RECHAZO A RÍO BLANCO


Dando a conocer que el trabajo por la conservación de los bosques es a todo nivel, hasta con los niños y niñas de las diversas escuelas de la zona rural, las autoridades de las provincias de San Ignacio y Jaén expusieron sus razones para decir no al proyecto minero Río Blanco Cooper, ex Majaz.

Durante ocho horas consecutivas entregaron abundante información a las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros que llegaron para participar de una de las tres audiencias descentralizadas programadas por el premier Yehude Simon Munaro. Las otras dos se llevarán a cabo en Huancabamba y Ayabaca de la región Piura.

En San Ignacio encabezó la reunión el presidente del Frente por e! Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte y alcalde provincial, Carlos Martínez.

De parte de la PCM participaron Manuel Figueroa Quintana, coordinador de la Secretaría General de la PCM, y Gastón Castro Inga, coordinador de la Secretaría de Descentralización de la PCM.

Martínez Solano aperturó la reunión remarcando que las autoridades de esta zona del país buscan retomar el diálogo con el gobierno nacional y la empresa minera ex Majaz, para que a través de posiciones inteligentes se resuelva este conflicto social.

Señalo, además que las razones que tiene la población del nororiente peruano, para decir no a la minería, en ningún momento; pretende hacer perder ingresos económicos al país. "San Ignacio y Jaén dicen no a la minería porque tienen un proyecto alternativo sostenible que está en marcha", subrayó la autoridad municipal.

Diario La República-Lima 19/03/2009





LEY DE AGUAS DEBE MEJORARSE PARA EVITAR CONFLICTOS


Aminoraría problemas entre gobiernos regionales. Decisiones a nivel de cuenca deben incluir a todas las partes.

La Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas, debe regular mejor el uso de las cuencas a fin de tener un manejo integral y evitar los conflictos actuales entre los gobiernos regionales, opinó Laureano del Castillo, especialista en temas hídricos.

Por su parte, Josefa Rojas, coordinadora de Agricultura de Oxfam, sostuvo que las decisiones a nivel de cuenca deben incorporar al Estado, empresas, agricultores, pobladores entre otros.

Mencionó que el 48% de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo en febrero giran en torno a problemas socioambientales y muchos de ellos tienen relación con el manejo del agua.

Rojas participó ayer en la presentación del informe “El agua ante nuevos desafíos. Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia”.

Diario La República-Lima 19/03/2009