14 de diciembre de 2007

ANGLO AMERICAN INICIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO POR US$1 MILLÓN EN CAJAMARCA


Con el mejoramiento de pastos y la instalación de cocinas mejoradas en las comunidades de Pedregal y Rodacocha, respectivamente, la compañía Anglo American inició la ejecución de proyectos de desarrollo en el distrito Encañada, donde se encuentra el proyecto cuprífero que obtuvo mediante licitación en abril pasado.

Timothy Beale, gerente general de Anglo American–Michiquillay, explicó que la inversión en proyectos de desarrollo asciende a un millón de dólares de acuerdo al contrato de transferencia firmado con el Estado.

“Es un fondo social que invertiremos hasta el próximo año en proyectos sostenibles y que generará empleo para los habitantes de la zona”, manifestó.

En esta primera etapa son siete proyectos los seleccionados de forma conjunta por las comunidades, autoridades municipales y la empresa minera.

Los demás proyectos comprenden la implementación de biblioteca en el centro educativo de Chanta y la instalación de un centro de servicio veterinario, mejoramiento de riego tecnificado en la comunidad de Rodacocha.

Asimismo, la implementación de un centro de capacitación en costura en el caserío de Chanca, y la instalación de servicio de agua potable o riego tecnificado en Sogorón Alto.

Beale comentó que las relaciones con las comunidades de Encañada y Michiquillay van por buen camino.

“Buscamos la participación de todas las comunidades en esta fase de suspensión, informando y coordinando con todos los grupos y dirigentes. Si logramos el acuerdo social nos quedaremos a desarrollar el proyecto”, señaló.

El directivo se reunió en la víspera en Cajamarca con el presidente regional Jesús Coronel, y el alcalde provincial Marco La Torre, para explicarles los proyectos de inversión social que desarrollarán próximamente en Encañada.

Fue la primera reunión pública con las autoridades de Cajamarca y en adelante serán frecuentes para coordinar los temas de desarrollo en este departamento. “Es una muestra que queremos contribuir y cumplir con la comunidad”, sostuvo.

Por su parte, Marco La Torre y Jesús Coronel resaltaron la invitación de la minera y señalaron que como autoridades respaldan la inversión privada en Cajamarca, pero “una inversión con responsabilidad social en el cuidado y conservación del medio ambiente”.

El pasado 30 de abril la empresa británica Anglo American Services ganó la licitación para explotar la mina de cobre Michiquillay, que demandará una inversión de 700 millones de dólares.

La empresa ofertó 403 millones de dólares por el precio de transferencia, monto diez veces mayor al precio base fijado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Preinversión), en 44 millones de dólares.

ANDINA – Lima 14/12/2007








POLITICAS MINERAS: ¿ES POSIBLE MODIFICARLAS?


Escrito por Fernando Silva Abanto


¿Cuál ha sido el efecto de la actividad minera en el conjunto de la sociedad peruana? ¿Cómo se formulan e implementan éstas? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Existen condiciones para modificarlas, en un contexto de agudización de conflictos socioambientales? ¿Es el Acuerdo Nacional el foro pertinente para promover este debate? Una breve revisión de las mismas nos permitirá llegar a conclusiones primarias.


IMPACTO DISTRIBUTIVO DE LA MINERÍA


Dentro de las actividades extractivas, es innegable el aporte de la minería en lo fiscal (impuestos, canon, regalías, derechos de vigencia), divisas, empleo formal e infraestructura regional y local; sin embargo, el impacto distributivo no se percibe, y se tiende a responsabilizar a los gobiernos regionales y locales de la ineficiencia en el gasto público proveniente de estos recursos, por ser los principales beneficiarios. La reciente adopción de medidas erráticas y por ser una fuente financiera importante en la inversión pública confirma que está pendiente la evaluación del conjunto de sistemas administrativos que determinan la pasividad y el controlismo de la inversión pública respecto al desarrollo nacional y regional.


ACTORES: ¿HACIA UN MAYOR EQUILIBRIO?


Las comunidades, así como los pobladores urbanos, mantienen una participación activa en la implementación de las políticas públicas mineras. El diseño de éstas corresponde al Ministerio de Energía y Minas, quién muchas veces no puede escapar de la influencia de las grandes empresas que operan en esta actividad. Los sindicatos mineros no tienen injerencia en éstas, pero, laboralmente participan de las utilidades, beneficio que no es extensivo a un segmento que se encuentra en otras modalidades de contratación laboral. Equilibrar estas políticas pasa por contar con la opinión de los gobiernos regionales en el diseño y mejora de la coordinación en la implementación de estas políticas, asimismo, por mejorar los mecanismos de participación ciudadana, para promover un clima de inversión favorable e informado.


ESTADO: INSTITUCIONALIDAD PROINVERSIÓN PRIVADA


El marco institucional de las políticas públicas peruano privilegia la eficiencia antes que la equidad. La lógica del actual Estado es concentrarse sólo en aquellas actividades básicas que no pueden ser desarrolladas por el sector privado. En esta orientación, las políticas mineras privilegian la promoción de la inversión privada y su estabilidad, no se ocupan de favorecer la cohesión social, ni el desarrollo de la ciudadanía activa. Esto es resultado del debilitamiento del Estado en la implementación de políticas universales y optar por políticas residuales en materia social. Ante esta situación, las empresas mineras tratan de sustituir al estado en la dotación de servicios básicos, sin embargo, es insuficiente, pues, no se lo fortalece, pero, además, se contribuye a un nuevo asistencialismo y no se desarrolla responsabilidad en los deberes que tiene todo ciudadano, es decir, el pago de sus tributos.

Se necesita resolver la contradicción entre la promoción y regulación socioambiental de la industria minera, dado que el contexto de políticas promotoras de la inversión privada, de inicios de la década de los noventa, cambió, sustancialmente. Los artículos del presidente García permiten contribuir a la revisión de los principios promotores de la inversión privada en particular el concerniente a si la propiedad, absoluta o relativa, es la orientadora de las políticas en actividades extractivas; además, si éstas deben gestionarse bajo el enfoque de cuencas y compatibilizarse con indicadores de sostenibilidad exigidos por mercados como el bursátil y donde el grado de inversión no necesariamente los toma en cuenta.


TRANSPARENCIA


Este es el sector con mayor nivel de escrutinio, donde las ONG mantienen un rol activo. El Banco Mundial, a través de la CFI, promueve mecanismos de transparencia e involucran a universidades. Defensoría del Pueblo, como parte del Estado, también cumple una labor de vigilancia. Se requiere mejorar la información relacionada con el desempeño bursátil de estas empresas para conocer sus prácticas corporativas, fuentes de financiamiento y la rentabilidad obtenida.


SISTEMAS DE INFORMACIÓN: EQUIDAD SECTORIAL Y CIUDADANÍA INFORMADA


Desde el Estado, el sistema catastral minero es el más completo, sin embargo, se debe desarrollar un sistema integrado de información, para que ningún sector mantenga ventajas respecto a otro, asimismo, las inversiones deben responder al enfoque de gestión de cuencas, con lo cual existirá equidad en las oportunidades de inversión sectorial, pero, también, en la prevención de riesgos ambientales. Una adecuada información permite coincidencia entre el ciclo minero y las demandas ciudadanas y a través del diálogo se equilibran posiciones entre empresa, población y gobierno.


MINERÍA INFORMAL: METÁSTASIS SOCIAL


Inadecuados sistemas de información, así como la carencia de competencias por parte de los gobiernos regionales y locales, y la falta de celeridad del Poder Judicial por resolver las concesiones asignadas, facilitan la emergencia de la minería informal. Su crecimiento trasciende lo ambiental y social, donde lo delincuencial agudiza estos conflictos, por lo que se requiere acciones urgentes y decididas por parte del Estado, para solucionar y detener las invasiones de los informales.

La próxima reunión del Acuerdo Nacional, en Cajamarca, nos ofrece un buen escenario para discutir estos temas y la viabilidad de su modificación, siendo el escenario ideal para seguir ejemplos en el mundo que han logrado su desarrollo sobre la base de una discusión informada y consensuada.

www.cajamarcopina.com – Cajamarca 14/12/2007