3 de diciembre de 2007

MINERÍA SE DESARROLLA SIN MECANISMOS DE CONTROL


Las ONGs GRUFIDES, FEDEPAZ y Cooperación se han unido para elaborar y presentar el primer informe: "Observatorio de conflictos mineros en el Perú", que recoge los principales conflictos que se han dado en torno a la actividad minera en cinco regiones de nuestro país, entre las cuales se encuentran Cajamarca.

Dicho informe presenta de manera detallada y sintetizada los casos más emblemáticos en materia de conflictos mineros: el caso más extremo como es el de la empresa Doe Run Perú en La Oroya, hoy catalogada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo; la polémica alrededor de la actividad de la Minera Majaz en Piura; el caso Tintaya en Cusco, la tercera productora de cobre en el Perú. Asimismo, el caso del proyecto Las Bambas en Apurímac, Yanacocha y Miski Mayo en Cajamarca.

Los informe regulares de la Defensoría del Pueblo, confirman que la mayoría de conflictos sociales en el Perú tienen su origen en problemas ambientales y dentro de ellos los conflictos mineros representan algo más del 50% del total.

El avance de la minería en varias regiones del país, viene generando un conjunto de impactos: el uso desordenado y no sostenible de recursos naturales, renovables y no renovables, contaminación del aire, suelo y aguas; afectaciones a la salud y alteraciones de diferentes ecosistemas, son algunos ejemplos de los temas en disputa.

En el caso de Cajamarca, refieren en el evento, el crecimiento acelerado de la minería, carente de mecanismos de control y provocando graves impactos, se expresa en los diferentes casos de conflictos que se vive en varias provincias.

En Piura, el caso Majaz nuevamente ha puesto en debate el tema del ordenamiento territorial, la zonificación y el derecho a la consulta.

El análisis de los conflictos muestra que las poblaciones perciben que la expansión de la minería las afecta: la presencia de esta actividad, incluso desde la etapa de exploración, ejerce una fuerte presión para controlar y manejar recursos que son estratégicos para la vida de estas poblaciones. Las poblaciones también señalan que el marco legal no les brinda los instrumentos para la defensa de sus derechos.


PLANTEAMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES


Los diferentes grupos que han venido actuando en torno a los casos en conflicto, han respondido a un claro esquema de defensa de derechos, pero además vienen planteando que se pongan en marcha nuevas reglas de juego que permitan una adecuada gestión ambiental y social en las zonas de influencia de la minería.

Algunos de los temas de la agenda vinculada a la minería son: el de la participación ciudadana, el derecho a la consulta, el del ordenamiento territorial y la zonificación, como recuperar gobernabilidad, por ejemplo, en materia ambiental; la transparencia financiera y el acceso a información sobre las concesiones y los proyectos mineros, etc.

Uno de los mayores méritos de los casos presentados, es haber puesto en evidencia que el desarrollo, con su imprescindible componente de crecimiento económico, debe tener necesariamente una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas, a los principios democráticos.


CONCLUSIONES DEL EVENTO


Diversos fueron los temas que se trataron, así como alas conclusiones.

En el caso de nuestra Región, se concluyó en que la proliferación, magnitud e intensidad de los conflictos en Cajamarca es proporcional al proceso de expansión minera en la región.

Los conflictos tienden a ser cada vez más violentos y aunque los campesinos pueden sufrir las peores consecuencias de una política de Estado que criminaliza las protestas ciudadanas, crece el clima de conflictividad social de manera peligrosa para la seguridad de las personas y de las inversiones en toda la región. La tendencia en estos conflictos es una mayor vulneración de los derechos humanos de los miembros de las comunidades afectadas por las actividades mineras.

La actuación represiva combinada de la policía nacional con las fuerzas de seguridad privada como Forza, abonan a la consolidación de un clima social de mayor violencia. Propician, asimismo, la desinstitucionalización y deslegitimación de la autoridad pública lo cual puede repercutir en un proceso de mayor intensificación y proliferación de los conflictos mineros en la región.

Diario Panorama – Cajamarca 03/12/2007






BUEN ROMANCE. METÁFORAS DE CLASE


Carlos Reyna.


Ha tenido éxito el Dr. García con su metáfora del perro del hortelano. Lo ha tenido, en particular, entre los grandes empresarios y los grandes medios. Como, en su gran mayoría, esos medios son una extensión publicitaria de la élite empresarial, se puede afirmar que la metáfora ha tenido un éxito de clase.

La ha utilizado recientemente José Miguel Morales, ex presidente de CONFIEP, para referirse a los trabajadores portuarios en huelga. "Allí hay un perro del hortelano muy grande", dijo en una entrevista en televisión. Al día siguiente, otro líder empresarial ofreció desalojar, "con mis armas", a los huelguistas. Y ya no les dijo perros pero sí "malnacidos". Un insulto de clase.

La metáfora del presidente García también inspiró al empresario que le dio la bienvenida en la CADE de Trujillo. El anfitrión contó que junto con sus colegas habían descubierto otro síndrome que debía ser superado, el de Paco Yunque. Se refería a la presunta vocación de víctimas que tendríamos los peruanos. Un poco más y César Vallejo era presentado como otro perro del hortelano.

A las élites empresariales no se les puede aplicar aquello de que no comen ni dejan comer. Sus dietas no son por hambre sino por gula. En cambio esa figura sí podría aplicarse a quienes los resisten socialmente. Por ejemplo, para los trabajadores que por alguna razón tienen que hacer una huelga o marchar por las calles, o para las comunidades nativas o campesinas que no acepten explotaciones mineras o petroleras en sus territorios ancestrales. Allí sí pueden coincidir, en las mismas personas, el hambre mal saciada y la resistencia a la golosa expropiación de sus salarios o de sus recursos. No comen ni (se) dejan comer.

Dice la crítica literaria que el cuento "Paco Yunque" no está entre lo mejor producido por Vallejo. Puede ser, pero su acogida entre la gente sencilla es evidente. Cada clase adopta las imágenes que se avienen a su experiencia de vida. Ese cuento ha sido fiel a la experiencia de la desigualdad que agravia a la mayoría. También es una metáfora exitosa, solo que de otra clase.

Una calle del centro de Santiago de Chuco se llama Paco Yunque. Una escuela de Huancavelica acaba de ganar el IX festival nacional de teatro escolar Paco Yunque, realizado en Chancay. De vez en cuando, algún grupo pone una adaptación del cuento en algún teatro para chicos en Lima. El educador Constantino Carvallo lo utiliza para graficar su afirmación de que nuestro sistema educativo es un apartheid. Hay un corto de animación basado en Paco Yunque, producido en España. Es de suponer que este año, en muchas escuelas peruanas, el cuento ha vuelto a ser leído.

Sospecho que, en un imaginario referéndum para optar entre ambas como imágenes del país presente, la del perro del hortelano perdería largamente ante la pequeña historia de nuestro gran poeta.

Diario La República – Lima 03/12/2007







GARCÍA CONFUNDE A COMUNIDADES CON LOS SINDICATOS


Ante iniciativa de reducir valla para invertir en tierras comunales.


La propuesta del presidente Alan García para reducir la valla a los inversionistas privados interesados en las tierras de las comunidades campesinas ha desatado la crítica de los especialistas.

"El mandatario se olvida de que en el caso de las comunidades hablamos de derechos colectivos que deben protegerse", dice el economista José de Echave.

En su iniciativa, el Jefe del Estado plantea que con la autorización de la mitad más uno de los miembros de una comunidad campesina se pueda vender, parcelar o alquilar estos terrenos a los inversionistas y no con los dos tercios de los comuneros como hoy exige la ley. García asegura que debe aplicarse esta lógica de mayoría como sucede en los sindicatos.

"Los sindicatos tienen una organización distinta a la de las comunidades donde deben respetarse factores culturales y sociales. Pero además, ¿por qué García no respeta el derecho de propiedad de los campesinos y sí el de las grandes corporaciones privadas?", preguntó el sociólogo Sinesio López.

Diario La República – Lima 03/12/2007









JUEZ DE AYABACA ADMITE INVESTIGACIÓN PENAL CONTRA FUNCIONARIOS DE MAJAZ


Luego de que la Fiscalía formalizara la denuncia por usurpación de tierras, fraude procesal y delito ecológico.


Por Milagros Salazar.


Justicia. Pobladores de Comunidad de Yanta.El juez de Ayabaca les dio la razón en su denuncia por usurpación de tierras.

El proceso sigue avanzando. El juez penal de la provincia de Ayabaca, Rafael Romero, abrió instrucción contra funcionarios de la empresa minera Majaz luego de que la Fiscalía de la jurisdicción formalizara denuncia penal contra ellos por delitos de usurpación de tierras en agravio de la comunidad campesina de Yanta, fraude procesal en perjuicio de la administración pública y delito contra la ecología.

Según el abogado de la comunidad de Yanta, Quique Rodríguez, el juez Romero decidió admitir el pedido de la Fiscalía el 23 de noviembre antes del inicio de la huelga del Poder Judicial.


INICIO DE LA DENUNCIA


La comunidad de Yanta que pertenece a Ayabaca (Piura) presentó en febrero de este año una denuncia contra Alejandro Eguren Anselmi, Raymond Jhon Angus, Andrew Bristow Bevege, José Arrieta Facundo y José Jiménez Zapata como los presuntos responsables de que la empresa realizara operaciones de exploración minera en las tierras de los campesinos sin obtener el permiso de la comunidad como exige la ley.

Los comuneros sostienen, con documentos, que Majaz no consiguió la autorización de los dos tercios de los comuneros calificados en una Asamblea General como lo estipula el artículo 11 de la Ley de Inversión Privada . Sin embargo la empresa presentó un documento apócrifo al Ministerio de Energía y Minas para sustentar que había conseguido el permiso de los campesinos. Y así logró que el sector le autorizara realizar trabajos de exploración entre 2003 y 2006.

En mayo, la Policía de Ayabaca confirmó durante una inspección que el proyecto minero de Majaz se encontraba en territorio de Yanta. Según el abogado de la comunidad, es probable que luego de las investigaciones recién en seis meses se conozca la sentencia. La denuncia también habla de cincuenta hectáreas de bosques talados por la empresa sin la autorización del Inrena, lo que constituye delito contra la ecología.


EXIGEN JUSTICIA EN HUANCABAMBA


En febrero, la comunidad de Segunda y Cajas en la provincia de Huancabamba (Piura) también denunció a los funcionarios de Majaz por la presunta usurpación de sus territorios. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía de Huancabamba no ha ordenado la inspección técnico ocular para constatar si el proyecto minero invade las tierras de los campesinos ni muchos menos ha formalizado la denuncia penal.

El vicepresidente de Segunda y Cajas, Edilberto Guerrero, dijo a La República que existe el temor de que el caso sea archivado por la Fiscalía. "Queremos que para nosotros también haya justicia. Igualmente esperamos una respuesta favorable como ha sucedido en Ayabaca porque la empresa ha trabajado ilegalmente en nuestras tierras", aseguró. En este caso, Majaz tampoco obtuvo el permiso de los dos tercios de la comunidad como pudo comprobar este diario durante un viaje a la zona. La empresa aún no ha querido pronunciarse sobre la denuncia penal.

Diario La República – Lima 03/12/2007