7 de enero de 2008

BUROCRACIA Y MEDIO AMBIENTE


Rafael Belaunde


La experiencia hace prever que el futuro Ministerio del Medio Ambiente, lejos de mejorar la política ambiental, servirá para obstaculizar la inversión y frenar el crecimiento de nuestra economía.

Hace años, quienes fungen de ambientalistas pretendieron prohibir la importación de residuos como la chatarra o los retazos de papel, insumos de fundiciones y de la industria papelera, respectivamente. Otra ridiculez fue intentar convertir a la Contraloría General de la República, cuya función es velar por el buen uso de los fondos públicos mediante auditorías contables, en el ente regulador del medio ambiente. En materia de política ambiental, pues, la historia del Perú es chabacana y no hay signos que presagien un cambio hacia la seriedad y el profesionalismo.

Los impactos perniciosos derivados de las actividades productivas no se atenúan con más burocracia como ingenuamente supone el gobierno. Lo que se requiere son políticas técnicamente diseñadas e implementadas por expertos, no por extorsionistas ni por personas o instituciones cuyos verdaderos objetivos tienen poco que ver con el cuidado del medio ambiente.

Es cierto que en el Perú son muchas las instituciones públicas dedicadas a inmiscuirse en temas ambientales, pero mientras no exista control sobre sus prejuicios y freno a sus inclinaciones demagógicas no se resolverá el problema. Recientemente, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, afirmó en documento público que existía un conflicto ambiental en una mina en Puno. He revisado el Acta de la Mesa de Trabajo que supuestamente fundamenta la denuncia, suscrita por representantes del gobierno regional, los municipios, las comunidades campesinas, el MEM, la empresa en cuestión, y por el mismo representante de la defensoría, fechada en Aruntaya el 12 de diciembre del 2007 y en ella no existe alusión a conflicto alguno. ¿Qué pretende la defensoría al contaminar el ambiente social faltando a la verdad? Otro ejemplo: Existen alrededor de 195 empresas mineras explorando en el país, amparadas en convenios suscritos con los propietarios de la superficie. Pues bien, como los acuerdos entre particulares eliminan la posibilidad de coimas, algunos burócratas pretenden ahora reservarse el derecho de autorizar los programas de exploración, limitando la libertad de los contratantes, a pesar de que, por su naturaleza, las exploraciones no tienen impacto significativo en el medio ambiente, salvo rarísimas excepciones. Actitudes como esas no tienen por objeto proteger el medio ambiente sino obstaculizar los proyectos de inversión, intermediándolos con propósitos subalternos.

El futuro ministerio, ¿evitará el vertimiento de aguas servidas a ríos y playas o impulsará la construcción de los más de mil rellenos sanitarios que el Perú requiere? Lo dudo. Lo más probable es que una mayor politización implique menor profesionalismo aún.

Diario El Correo – Lima 07/01/2008