PUNO: HAY QUE MODERNIZAR LA LEGISLACIÓN MINERA
Cada día se constata con más fuerza que las actividades extractivas (hidrocarburos y minería) tienen más y más problemas para ser aceptadas por amplios sectores de la población nacional. Sucedió en Cerro Quilish (Cajamarca), Tambogrande (Piura), luego en Majaz y en Tía María (Arequipa).
Quizá el mayor movimiento de rechazo haya sido aquel que desembocó en el “Baguazo” hace dos años. Hoy, este planteamiento ha cobrado fuerza también en Puno, donde la población se opone a todo tipo de concesión minera en esa región. Y esta oposición se da a pesar de que el gobierno y muchos medios de comunicación le dicen a la población que con la minería pueden tener ingresos por canon y regalías que ascienden a centenares de millones de soles.
Como decíamos hace un año, con respecto a Tía María: “Pero la oposición de la población a la mina siguió creciendo, porque su preocupación no es el dinero, sino los problemas ambientales y sus condiciones de vida, que dependen del agua para los cultivos agrícolas” (Tía María: la plata es lo de menos, www.cristaldemira.com, 19/04/2010). En este caso, como nos lo recuerda Jorge Manco, también estaría presente la tradición campesina y ganadera alpaquera de los aymaras, desde los tiempos de la Colonia (La extracción en cuestión, www.kuraka.blogspot.com, 25/05/2011).
Estos planteamientos se ven reforzados cuando las poblaciones de distintas regiones del Perú se encuentran con que, de un día para otro, entran a sus tierras personas que no conocen, por la simple razón de que obtuvieron un permiso para hacerlo. En el caso de Puno, tenemos que las concesiones mineras han pasado de 433.321 a 1.643.746 hectáreas del 202 al 2009, un aumento de 279%.
Como dice José de Echave, de Cooperacción: “Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores perciben que la expansión de esta actividad no cesa de aumentar en la mayoría de provincias y carece de mecanismos de control y regulación”.
Esto quiere decir, entonces, que a mayor cantidad de concesiones, existe la posibilidad de una mayor cantidad de conflictos. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Una alternativa es que haya planes de ordenamiento y desarrollo territorial que establezcan la prioridad de actividades en las regiones, lo que incluye el lugar de las actividades extractivas. Uno de estos planes ya existe para la Región Madre de Dios. Fue elaborado por el Ministerio del Ambiente (DU-012-2010). ¿Por qué no hacer lo mismo –con la participación de entes representativos de la población- en el resto de regiones?
Asimismo, y como lo analizamos antier en esta columna, no se promulga aún la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Con razón, entonces, las comunidades sienten que no son tomadas en cuenta en decisiones que les concierne de manera directa y trascendental.
Todo lo cual lleva a esta conclusión: la legislación minera actual es obsoleta, por lo que su modernización es un tema crucial de la agenda parlamentaria. Mientras tanto, el gobierno está en la obligación de atender las demandas de la población puneña y, también, garantizar la realización de las elecciones del próximo domingo.
Diario La República-Lima 30.05.2011
Cada día se constata con más fuerza que las actividades extractivas (hidrocarburos y minería) tienen más y más problemas para ser aceptadas por amplios sectores de la población nacional. Sucedió en Cerro Quilish (Cajamarca), Tambogrande (Piura), luego en Majaz y en Tía María (Arequipa).Quizá el mayor movimiento de rechazo haya sido aquel que desembocó en el “Baguazo” hace dos años. Hoy, este planteamiento ha cobrado fuerza también en Puno, donde la población se opone a todo tipo de concesión minera en esa región. Y esta oposición se da a pesar de que el gobierno y muchos medios de comunicación le dicen a la población que con la minería pueden tener ingresos por canon y regalías que ascienden a centenares de millones de soles.
Como decíamos hace un año, con respecto a Tía María: “Pero la oposición de la población a la mina siguió creciendo, porque su preocupación no es el dinero, sino los problemas ambientales y sus condiciones de vida, que dependen del agua para los cultivos agrícolas” (Tía María: la plata es lo de menos, www.cristaldemira.com, 19/04/2010). En este caso, como nos lo recuerda Jorge Manco, también estaría presente la tradición campesina y ganadera alpaquera de los aymaras, desde los tiempos de la Colonia (La extracción en cuestión, www.kuraka.blogspot.com, 25/05/2011).
Estos planteamientos se ven reforzados cuando las poblaciones de distintas regiones del Perú se encuentran con que, de un día para otro, entran a sus tierras personas que no conocen, por la simple razón de que obtuvieron un permiso para hacerlo. En el caso de Puno, tenemos que las concesiones mineras han pasado de 433.321 a 1.643.746 hectáreas del 202 al 2009, un aumento de 279%.
Como dice José de Echave, de Cooperacción: “Si bien no se puede afirmar que todas las concesiones se convertirán en operaciones mineras y que hay áreas que están excluidas pese a estar concesionadas, lo cierto es que los pobladores perciben que la expansión de esta actividad no cesa de aumentar en la mayoría de provincias y carece de mecanismos de control y regulación”.
Esto quiere decir, entonces, que a mayor cantidad de concesiones, existe la posibilidad de una mayor cantidad de conflictos. ¿Cómo hacer frente a esta situación? Una alternativa es que haya planes de ordenamiento y desarrollo territorial que establezcan la prioridad de actividades en las regiones, lo que incluye el lugar de las actividades extractivas. Uno de estos planes ya existe para la Región Madre de Dios. Fue elaborado por el Ministerio del Ambiente (DU-012-2010). ¿Por qué no hacer lo mismo –con la participación de entes representativos de la población- en el resto de regiones?
Asimismo, y como lo analizamos antier en esta columna, no se promulga aún la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. Con razón, entonces, las comunidades sienten que no son tomadas en cuenta en decisiones que les concierne de manera directa y trascendental.
Todo lo cual lleva a esta conclusión: la legislación minera actual es obsoleta, por lo que su modernización es un tema crucial de la agenda parlamentaria. Mientras tanto, el gobierno está en la obligación de atender las demandas de la población puneña y, también, garantizar la realización de las elecciones del próximo domingo.
Diario La República-Lima 30.05.2011
