ARGENTINA: “DETRÁS DE CADA DELITO AMBIENTAL HAY UN FUNCIONARIO CORRUPTO”

Así lo expresó el fiscal general Antonio Gómez ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, durante un taller brindado el viernes, y alentó al auditorio “a militar” por la defensa del medio ambiente utilizando las herramientas del derecho ambiental penal reguladas por la Ley 24051 y “ejerciendo todos los mecanismos de presión posibles dentro del Estado de Derecho”.Antonio Gómez sostuvo que “poner los controles en manos de funcionarios del Estado es un error porque detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario corrupto” y “no se puede contar con la administración de justicia porque es un fracaso”.

Para el fiscal general “la impunidad en Argentina está alimentada por las dificultades en el acceso a la justicia”.

Precisó además: “Si nos ocultan las estadísticas la situación se pone peor” y advirtió que “a más impunidad más contaminación”.

Dijo también que no más de un 5 ó 6 por ciento de las causas que se inician llegan a juicio oral. “Hemos sido incapaces de articular un derecho procesal penal que permita defender nuestros derechos básicos”, aseveró.

El taller “Delitos Ambientales: Ley y denuncia” que brindó Antonio Gómez en la Sala del Concejo Municipal de Bariloche, fue organizado por Árbol de pie, la Asociación Ecologista Piuké y varias asociaciones convocantes.

Se refirió además al procesamiento dictado a directivos de la minera “La Alumbrera” (Catamarca), pero también a los procesos abiertos contra intendentes y empresas por el mal manejo de residuos urbanos y efluentes cloacales.

En ese sentido, preguntó al auditorio -con el que entabló una charla- cómo estaba el manejo de la basura en Bariloche.

Sobre la ley que permite el uso del cianuro en la minería a cielo abierto, expresó que “la derogación de la ley anticianuro no es un problema, porque la Ley que rige es la 24051” y recordó que “la ley tutela el delito de peligro aun en abstracto”.

También criticó la aplicación de la Ley Antiterrorismo para reprimir las manifestaciones pacíficas de Catamarca y compartió con el auditorio el temor de que esa herramienta “se use en forma frecuente para desalentar la movilización contra la contaminación minera”.

En resumen, Gómez impulsó a los ciudadanos a promover denuncias y a constituirse en querellantes ante eventuales casos de contaminación, partiendo del concepto de peligro ambiental definido en la mencionada Ley 24051.

Antonio Gustavo Gómez, fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia -ha sido profesor de Derecho Romano y Derecho Constitucional- y director investigador de Derecho. Autor de diversos artículos, conferenciante, ponente y participante en más de 150 congresos y conferencias nacionales e internacionales, observador internacional para el conflicto de la basura en Nápoles a pedido de varias ONG italianas.

En materia ambiental pueden leerse sus trabajos en www.fiscaliagraltucuman.gov.ar en el link medioambiente. Se especializó en la investigacion de delitos ambientales y representa a la Argentina en la Red de Fiscales Ambientales de América.

Siendo Fiscal Federal en Chubut llevó adelante varias investigaciones sobre contaminación ambiental entre ellas por volcado de petróleo en el mar argentino (empetrolamiento de pingüinos), volcado de residuos en el Golfo Nuevo (Puerto Madryn) por la operatoria irregular de los buques; en casos de minería, remediación de minas y repositorio nuclear en Gastre, contaminación del Río Chubut, contaminación por la empresa Aluar, contaminación por líquidos cloacales, etc.

Siendo Fiscal General de Tucumán llevó adelante investigaciones por delitos ambientales en más de 80 causas entre las que se destacan el procesamiento de autoridades de distintas empresas como empresas mineras (La Alumbrera), citrícolas, papeleras, frigoríficos, ingenios, empresas dedicadas a la recolección de residuos, sanatorios, etc. como así también el procesamiento de varios intendentes y autoridades públicas por su complicidad con la contaminación ambiental provocada por distintas empresas.

Servindi-Lima 23.02.2012