OTRO ANDAHUAYLAZO
¿Qué es lo que quieren ‘nuestros indignados’?
Si el Perú tiene hoy un rostro movido por el conflicto social entre las comunidades y la inversión minera, el escenario dentro de unos meses puede hacer que lo actual parezca juego de niños por un potencial estallido de un pleito que demanda, con urgencia, una aproximación inteligente del gobierno que parta por el correcto entendimiento de lo que están reclamando ‘nuestros indignados’.
Según la Defensoría del Pueblo, octubre fue el cuarto mes consecutivo en el que crecieron los conflictos vinculados a empresas. Estos suman hoy 90, involucran a 55 compañías, ocurren en 19 regiones del país, y podrían ser el motivo de suspensión de una inversión comprometida por US$51.500 millones.
No hay duda de que este es, por tanto, el problema central del gobierno pues puede llegar a trabar el logro de su principal promesa de campaña: el crecimiento con la inclusión social.
Sin inversión, no habrá crecimiento ni recursos para financiar la acción social del gobierno en la que hay gran expectativa. Pero siendo esto indispensable, no puede justificar que únicamente se atienda al objetivo empresarial. Se puede y se tiene que armonizar, como se ha dicho antes acá, el agua y el oro.
Encarar la conflictividad con soluciones que armonicen la calidad de vida del ciudadano de las zonas de los proyectos, con el interés de la inversión minera, así como del país, por su desarrollo, es una tarea crucial del gobierno para la que no hay mucho tiempo disponible ni mayor confianza de las partes.
Pero gobernar no es, como se ha recordado con insistencia en estos días, un asunto sencillo, ni en la Conchinchina ni en un país complejo como el nuestro, y eso va a demandar que el gobierno exhiba su mejor capacidad de negociación y de hacer lo que todo gobierno tiene que hacer: política en serio.
En este contexto, es indispensable que el gobierno plantee una estrategia para ‘la cuestión minera’ que empiece por el correcto entendimiento de lo que quieren las partes en disputa.
El objetivo empresarial es claro. No así el de las comunidades, en cuyo caso existen diversas interpretaciones que van desde las del tipo gorila y racista que solo ve a subhumanos que gozan de un atraso que quieren conservar a toda costa; hasta los que plantean que estamos ante ciudadanos que buscan, con desorden y desconfianza, participar del progreso y de la modernidad que sí está logrando una parte de la población a la que ellos quisieran sumarse. En el medio, naturalmente, hay agitadores que pescan en río revuelto.
Los primeros estarían muy satisfechos con otro Baguazo y, mejor aún, si este ocurre tras otro Andahuaylazo que ponga ‘las cosas en su sitio’ y defina al gobierno de Humala en su lado de la mesa. En contra de ellos, este es el momento de insistir en soluciones pacíficas y dialogadas a la conflictividad social.
Diario La República-Lima 16.11.2011
¿Qué es lo que quieren ‘nuestros indignados’?
Si el Perú tiene hoy un rostro movido por el conflicto social entre las comunidades y la inversión minera, el escenario dentro de unos meses puede hacer que lo actual parezca juego de niños por un potencial estallido de un pleito que demanda, con urgencia, una aproximación inteligente del gobierno que parta por el correcto entendimiento de lo que están reclamando ‘nuestros indignados’.
Según la Defensoría del Pueblo, octubre fue el cuarto mes consecutivo en el que crecieron los conflictos vinculados a empresas. Estos suman hoy 90, involucran a 55 compañías, ocurren en 19 regiones del país, y podrían ser el motivo de suspensión de una inversión comprometida por US$51.500 millones.
No hay duda de que este es, por tanto, el problema central del gobierno pues puede llegar a trabar el logro de su principal promesa de campaña: el crecimiento con la inclusión social.
Sin inversión, no habrá crecimiento ni recursos para financiar la acción social del gobierno en la que hay gran expectativa. Pero siendo esto indispensable, no puede justificar que únicamente se atienda al objetivo empresarial. Se puede y se tiene que armonizar, como se ha dicho antes acá, el agua y el oro.
Encarar la conflictividad con soluciones que armonicen la calidad de vida del ciudadano de las zonas de los proyectos, con el interés de la inversión minera, así como del país, por su desarrollo, es una tarea crucial del gobierno para la que no hay mucho tiempo disponible ni mayor confianza de las partes.
Pero gobernar no es, como se ha recordado con insistencia en estos días, un asunto sencillo, ni en la Conchinchina ni en un país complejo como el nuestro, y eso va a demandar que el gobierno exhiba su mejor capacidad de negociación y de hacer lo que todo gobierno tiene que hacer: política en serio.
En este contexto, es indispensable que el gobierno plantee una estrategia para ‘la cuestión minera’ que empiece por el correcto entendimiento de lo que quieren las partes en disputa.
El objetivo empresarial es claro. No así el de las comunidades, en cuyo caso existen diversas interpretaciones que van desde las del tipo gorila y racista que solo ve a subhumanos que gozan de un atraso que quieren conservar a toda costa; hasta los que plantean que estamos ante ciudadanos que buscan, con desorden y desconfianza, participar del progreso y de la modernidad que sí está logrando una parte de la población a la que ellos quisieran sumarse. En el medio, naturalmente, hay agitadores que pescan en río revuelto.
Los primeros estarían muy satisfechos con otro Baguazo y, mejor aún, si este ocurre tras otro Andahuaylazo que ponga ‘las cosas en su sitio’ y defina al gobierno de Humala en su lado de la mesa. En contra de ellos, este es el momento de insistir en soluciones pacíficas y dialogadas a la conflictividad social.
Diario La República-Lima 16.11.2011
