GRUFIDES: NUNCA COMO AHORA SE HABÍA VISTO UN GOBIERNO TAN REPRESIVO
El régimen aprista ha emprendido una política de persecución contra las instituciones y personas que defienden el medio ambiente, denunció la directora del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Mirtha Vásquez.
Fue al comentar la denuncia por el delito de terrorismo sentada contra 28 personas que respaldaron la consulta vecinal en las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca, celebrada el 16 de setiembre del año pasado.
A través del programa “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Vásquez Chuquilín cuestionó la celeridad con que la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura tramitó la denuncia a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).
“En este momento se está evidenciando una política de persecución contra las entidades y personas que defendemos el medio ambiente; no en contra de mineras sino de una política donde las empresas están abusando del derecho de la población”, refirió.
Así mismo, indicó que la denuncia en sí expresa una situación extrema. “Nunca como ahora se había visto un gobierno tan represivo, que está tratando de efectuar una persecución abierta, con el único objetivo de acallar las voces de las personas que están por la defensa del medio ambiente y dar todos los beneficios a las mineras”, recalcó.
Sostuvo que la consulta vecinal constituye un derecho de la población reconocido plenamente por la Carta Magna y, por ende, no se configura el delito de terrorismo, tal como pretende hacerlo ver la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC).
En tal sentido, la titular de GRUFIDES instó a la ciudadanía a condenar y mantenerse vigilantes ante estas acciones, que atentan contra el ordenamiento democrático. “No podemos permitir en un país, que se dice democrático, que empiecen este tipo de persecuciones tan severas. Esto es un pésimo precedente para el país”, acotó.
Como se recuerda, la ACFUCCSC - entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.)- denunció ante la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a 28 personas, entre ambientalistas y autoridades, que contribuyeron a concretar la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007 en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, referida a las operaciones mineras, por representar supuestamente a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.
La denuncia, derivada en tiempo récord a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y cajas y Yanta, entre otros.
Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.
Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
www.cnr.org.pe – Lima 28/03/2008
AMBIENTALISTAS Y AUTORIDADES DE CAJAMARCA PREPARAN DEFENSA LEGAL
Las autoridades y ambientalistas de Cajamarca que en setiembre pasado impulsaron la consulta vecinal en Piura -sobre las operaciones mineras- emprenderán acciones legales contra aquellos medios de comunicación que los sindican como terroristas.
Así lo informó el coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier de Jaén (Cajamarca), Nicanor Alvarado, quien denunció la existencia de una campaña de desprestigio contra aquellos que apoyaron la consulta vecinal del 16 de setiembre del 2007.
Alvarado Carrasco manifestó su preocupación por la denuncia penal por terrorismo presentada en su contra junto a otras 27 personas más -entre las que figuran alcaldes y ambientalistas- que fue remitida en tiempo récord por la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE).
La denuncia, presentada por la autodenominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC) afirma que la mayoría de los implicados representan a grupos radicales de izquierda y remanentes de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos ellos vinculados al Movimiento Bolivariano.
Alvarado indicó que se trata de una "cacería de brujas" emprendida por el régimen aprista, cuyo único objetivo es desestabilizar a las organizaciones campesinas que defienden su medio ambiente.
Detalló que entre las víctimas de esta iniciativa se encuentran el alcalde de la provincia de San Ignacio y coordinador del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFN), Carlos Martínez Solano; el ex candidato a la presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero; y el antropólogo, Euler Jave Díaz, entre otros líderes de base.
“Están buscando apresarnos, están buscando asesinarnos o están buscando desaparecernos. Yo aquí responsabilizo al gobierno central y a las mineras”, subrayó.
Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.
www.cnr.org.pe – Lima 28/03/2008
APRODEH EXIGE FRENAR PERSECUCIÓN CONTRA DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EN AYABACA
A través de un pronunciamiento, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) condenó la denuncia por terrorismo formulada contra 28 personas que organizaron la consulta vecinal celebrada en setiembre pasado en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, sobre las operaciones mineras.
"La persecución judicial y las acusaciones sin fundamento que pretenden tildar de terroristas a los dirigentes comunales y de las rondas campesinas que sólo defienden su justo derecho al agua y a la tierra, frente a la presencia de la minera Majaz en Ayabaca, Piura, en nada contribuirá a buscar consensos y soluciones, y por el contrario, puede generar un clima de mayor malestar en la región norte del país", señala el documento.
Por ello, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, exige poner fin a estas acciones emprendidas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.).
La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y cajas y Yanta, entre otros.
Según han denunciado diversas instituciones y organizaciones piuranas, la ACFUCCSC está compuesta por personas que no son parte de la comunidad de Segunda y Cajas, y mucho menos tienen alguna representación de las organizaciones sociales locales.
Señalan también que esta denuncia contra los defensores de los recursos naturales de Ayabaca, se da en medio de una campaña emprendida por algunos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, que pretenden vender la falsa idea de la existencia de una supuesta “red antisistema” que se opone a la minería y busca desestabilizar al gobierno.
Para APRODEH, "estos hechos evidencian indicios de una persecución contra dirigentes, activistas y defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como contra autoridades locales, que lo único que se hacen es ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, sociales y culturales, frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales que permiten su sobrevivencia".
Cabe precisar que, actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.), por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
Así mismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente.
www.cnr.org.pe – Lima 28/03/2008
